A pesar de la edificación de modernas prisiones, el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria de República Dominicana enfrenta críticas por su supuesta ineficiencia. Expertos señalan que las fallas administrativas del esquema anterior persisten, manifestándose en privilegios para algunos reclusos y el ingreso de sustancias ilícitas. La transición entre el enfoque tradicional de custodia y el nuevo modelo centrado en la rehabilitación sigue siendo un reto, evidenciado por incidentes recientes en centros como Las Parras.
Las objeciones al Nuevo Esquema de Administración Penitenciaria en República Dominicana indican que, a pesar de la construcción de nuevas prisiones y proyectos futuros, aún no se observa una dirección eficaz y adaptada a los tiempos actuales. Legisladores, abogados y especialistas concuerdan en que las deficiencias operativas del Antiguo Esquema de Administración Penitenciaria se han trasladado al nuevo sistema, a cargo de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), bajo la dirección de Roberto Santana. Entre las principales quejas se encuentran prisioneros con ventajas, dominio de secciones y complejos, entrada de estupefacientes, “fármacos” y “víveres”, además de servicios inadecuados y sin las condiciones sanitarias necesarias. Las modernas instalaciones, por sí mismas, no son suficientes para someter a los reclusos a un régimen de acatamiento de la ley y a un sistema que debe prevenir la comisión de delitos desde el interior de las cárceles.
Las alertas se activaron cuando una mujer fue detenida el sábado pasado al intentar introducir una sustancia prohibida al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra. Lo más preocupante del suceso fue que la mujer asistió al recinto acompañada de su nieta de 11 años, aprovechando que la jornada correspondía a las visitas de hijos a padres privados de libertad. Según el reporte oficial, alrededor de las 4:00 de la tarde, el personal de seguridad detectó a un recluso que intentaba salir del área de visita infantil con un paquete cilíndrico escondido en sus partes íntimas. Las autoridades indicaron que el paquete fue confiscado de inmediato por los agentes de vigilancia y que, por sus características físicas, aroma y textura, se presume que contenía marihuana.
Ese mismo día, y según versiones relacionadas con el incidente, se produjo un altercado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, donde diez personas resultaron lesionadas. Ese centro penitenciario fue diseñado para recibir a los internos de forma gradual. En la primera fase se consideró el traslado de 2,400 personas privadas de libertad, distribuidas en grupos de entre 300 y 400 individuos. La infraestructura del recinto incluye cercas perimetrales, cierres de bloques, torres de vigilancia, celdas especiales, salones educativos, talleres de oficios, canchas deportivas, espacios de meditación, iglesias y salas de audiencias internas para facilitar procesos judiciales sin necesidad de traslados arriesgados.
Varios juristas afirman que la evolución del sistema penitenciario dominicano puede explicarse a través de dos nombres que resumen décadas de desarrollo en la ejecución de las sentencias: La Victoria y Las Parras. Más allá de la infraestructura, ambos centros representan dos concepciones diferentes sobre el rol que debe desempeñar la prisión en una sociedad democrática.
LA VICTORIA Y EL PESO DEL ESQUEMA ANTIGUO
Por un lado, el viejo modelo penitenciario, del que forman parte la Penitenciaría Nacional de La Victoria y numerosas fortalezas provinciales empleadas como centros de detención, estaba orientado principalmente hacia la custodia y el aislamiento de las personas privadas de libertad. En este esquema, la función esencial del Estado era asegurar la seguridad y la permanencia del recluso dentro del recinto carcelario, con escasas oportunidades para la educación, el empleo o la rehabilitación. La Victoria, inaugurada en 1952, se convirtió en el emblema más visible de ese modelo tradicional. Aunque fue concebida inicialmente para albergar una población mucho menor, con el paso de los años enfrentó inconvenientes de hacinamiento, deterioro de sus instalaciones y limitaciones para desarrollar programas efectivos de reinserción social. Se hablaba de más de 7 mil reclusos. A esta realidad se suman las fortalezas provinciales, muchas de las cuales fueron ideadas con propósitos militares y posteriormente adaptadas para la custodia de personas en prisión preventiva o condenadas, sin responder necesariamente a estándares modernos de tratamiento penitenciario.
UN MODELO EN TRANSFORMACIÓN
En contraste, el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, implementado en el país a partir de 2003, introdujo una perspectiva basada en el respeto a la dignidad humana y en la reinserción social como objetivo de la pena. Bajo esta concepción surgieron los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), diseñados para incorporar programas educativos, capacitación técnica, atención psicológica y mecanismos de clasificación de internos, según su perfil criminológico y situación legal. El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras constituye el ejemplo más reciente de esta filosofía. Concebido para reemplazar progresivamente a La Victoria, el recinto fue diseñado con áreas destinadas a la formación académica, talleres vocacionales, espacios deportivos y servicios orientados al tratamiento integral de la población penitenciaria. Su puesta en funcionamiento ha sido presentada por las autoridades como un avance hacia la modernización del sistema carcelario dominicano.
No obstante, la realidad penitenciaria del país aún refleja una etapa de transición. El complejo de Najayo ilustra esa coexistencia entre ambos modelos. Mientras algunos espacios operan bajo los lineamientos del nuevo sistema, otras áreas conservan características propias del esquema tradicional, evidencia de que la transformación institucional aún no concluye. Desde el punto de vista jurídico, la diferencia entre ambos enfoques va más allá de la estructura física de los recintos. El viejo modelo concebía la prisión como un mecanismo centrado en la privación de libertad y el control del interno. El nuevo modelo, por el contrario, asume que la sanción penal debe orientarse hacia la reeducación y la preparación del condenado para su retorno a la vida en comunidad.
Esta visión encuentra apoyo en la Constitución dominicana, que establece que las penas privativas de libertad deben dirigirse a la reeducación y reinserción social de la persona condenada. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que quienes cumplen una pena no pierden su condición de sujetos titulares de derechos fundamentales, salvo las limitaciones inherentes a la condena. La comparación entre La Victoria y Las Parras, así como entre las fortalezas provinciales y los Centros de Corrección y Rehabilitación, pone de manifiesto el debate que persiste en torno al sistema penitenciario nacional: si la cárcel debe limitarse a custodiar y castigar o si el Estado debe ofrecer oportunidades reales de rehabilitación que reduzcan la reincidencia y favorezcan la seguridad ciudadana.
En definitiva, la diferencia entre el viejo y el nuevo modelo penitenciario dominicano no radica únicamente en la construcción de nuevas edificaciones, sino en el cambio de paradigma sobre el propósito de la pena. Mientras uno prioriza el encierro, el otro procura que la privación de libertad se convierta en una etapa orientada a la rehabilitación y reinserción social. La transición penitenciaria dominicana enfrenta un desafío que va más allá de levantar nuevas infraestructuras o clausurar viejos recintos. La crisis revelada por episodios recientes en Las Parras demuestra que las debilidades históricas del sistema todavía sobreviven bajo nuevas estructuras administrativas. La falta de controles tecnológicos, los privilegios dentro de los recintos y las denuncias sobre ingreso de drogas y alimentos evidencian que el problema no es únicamente físico, sino institucional y cultural.
Aunque el Nuevo Modelo Penitenciario fue concebido para priorizar la rehabilitación y el respeto a la dignidad humana, la coexistencia de prácticas heredadas del viejo sistema limita sus resultados. El verdadero reto del Estado dominicano consiste en garantizar seguridad, transparencia y programas efectivos de reinserción social. Sin esos elementos, la diferencia entre La Victoria y Las Parras corre el riesgo de quedarse únicamente en el diseño arquitectónico y no en una transformación real del sistema carcelario nacional. En República Dominicana existen 51 cárceles que albergan a una población de aproximadamente 25 mil internos, dividido en 22 Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) y por 19 del Viejo modelo.
