Amnistía Internacional ha lanzado un llamado al gobierno de República Dominicana, solicitando la desvinculación inmediata entre el acceso a servicios de salud y los controles migratorios. La organización critica un protocolo que relaciona la atención sanitaria a haitianos indocumentados con la deportación. AI subraya la necesidad de evitar la discriminación racial y las expulsiones tras recibir asistencia médica, especialmente ahora que el país preside la Asamblea Mundial de la Salud.
La organización Amnistía Internacional (AI) ha requerido al gobierno de República Dominicana que “desvincule de forma inmediata el acceso a la salud del control migratorio”, en una nueva crítica dirigida a un protocolo local, el cual relaciona el uso de servicios sanitarios por parte de ciudadanos haitianos indocumentados con la deportación.
El país caribeño, que este lunes tomó la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud, debe asegurar “que nadie sea objeto de discriminación por motivos raciales, detención ni expulsión después de recibir atención médica”, indicó AI en un comunicado.
La ONG global señaló que el puesto asumido por el país este lunes en Ginebra, Suiza, “demanda coherencia interna y el cese de la discriminación racial”.
“Al asumir la presidencia del principal foro mundial de salud, el gobierno del presidente Luis Abinader en la República Dominicana tiene la responsabilidad de demostrar que su liderazgo a nivel internacional se traduce en garantías reales de acceso a la salud para todas las personas dentro de su territorio, sin discriminación por motivos raciales”, enfatizó la nota.
Para la ONG, “resulta profundamente contradictorio” que el país lidere la Asamblea Mundial de la Salud “mientras pone en riesgo la salud tanto de personas haitianas como de dominicanas con ascendencia haitiana, perpetuando prácticas que podrían disuadirlos de acudir a hospitales por temor a ser deportados hacia Haití”.
“El gobierno dominicano debe separar de inmediato el acceso a la salud del control migratorio, y asegurar que nadie sea objeto de discriminación racial, detención o expulsión una vez que haya recibido atención médica”, concluyó.
El protocolo, establecido en abril de 2025, estipula que inspectores y agentes de migración verifiquen que los pacientes cuenten con una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio dentro del país, y que cubran el costo de los servicios que recibieron.
De no ser así, recibirán atención médica y, una vez recuperados, serán deportados.
En octubre de 2024, el presidente Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, alrededor de 10.000 por semana, afectando en su totalidad a los haitianos, pese a las peticiones de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país asolado por la violencia.
En 2025, la República Dominicana deportó a 370.000 haitianos, un 37,4 % más que en 2024, según cifras oficiales.
