El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, ha manifestado su desacuerdo con la justificación de Estados Unidos para imponer un arancel del 12.5% a productos dominicanos, argumentando que la base legal anterior ha caducado. Marranzini sugiere que la alegación de falta de controles contra el trabajo forzoso es una excusa para mantener la medida, la cual podría impactar negativamente las exportaciones a largo plazo.
El lunes, Celso Juan Marranzini, quien preside el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), declaró que la razón esgrimida por Estados Unidos para aplicar un gravamen del 12.5% a ciertas mercancías exportadas desde República Dominicana, bajo el supuesto de que el país carece de mecanismos efectivos para detener la entrada o fabricación de bienes relacionados con el trabajo forzoso, es meramente una excusa. “Una perspectiva es que esta es la forma de sostener la disposición”, comentó Marranzini durante una entrevista en el programa El Día, añadiendo que el fundamento jurídico de la normativa previa ya ha expirado.
Marranzozzi consideró que esta explicación se alinea más con una estrategia para legitimar la implementación del arancel que con una realidad vinculada a los controles presentes en República Dominicana. El líder de la organización advirtió que el incremento al 12.5% de los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos dominicanos podría acarrear consecuencias desfavorables para las exportaciones de República Dominicana a mediano y largo plazo. Asimismo, detalló que, hasta el momento, no se ha percibido un efecto inmediato de la medida, ya que este tipo de modificaciones comerciales suelen requerir tiempo para manifestarse en la economía.
Respecto a la imposición de tarifas, el gobierno del presidente Donald Trump estableció nuevas tasas arancelarias de entre 10% y 12.5% a bienes importados de varias decenas de naciones, alegando que sus administraciones no han tomado las acciones suficientes para prevenir el ingreso al mercado estadounidense de artículos presuntamente producidos mediante trabajo forzado. Esta acción podría afectar a algunos de los principales socios comerciales de Washington y reavivar las tensiones económicas a nivel mundial.
