Una reciente encuesta de N Digital revela que la mayoría de sus lectores opina que el Estado dominicano no debería continuar eximiendo a las iglesias del pago de impuestos. Esta perspectiva surge ante la creencia de que tales recursos podrían ser mejor invertidos en otras áreas prioritarias para la sociedad. El debate sobre el sacrificio fiscal y el tratamiento tributario de las entidades religiosas ha ganado relevancia en el país.
Según Elmer Féliz, la mayoría de los lectores de N Digital considera que la nación dominicana no debería seguir otorgando exenciones impositivas a las instituciones religiosas. Entienden que estas medidas implican una pérdida de fondos que podrían ser dirigidos a satisfacer otras necesidades comunitarias. Este resultado proviene de una encuesta publicada por dicho medio, en la cual el 81% de los participantes respondió "No" a la pregunta sobre si el Estado debe continuar concediendo exoneraciones de impuestos en beneficio de las iglesias, mientras que el 19% contestó "Sí". Las cifras muestran una gran disparidad entre ambas posturas, con más de ocho de cada diez participantes favoreciendo la eliminación o revisión de estos privilegios fiscales.
El análisis sobre las exenciones a las iglesias ha despertado interés en el país debido al impacto que tienen las liberaciones tributarias en los ingresos que el Estado deja de percibir, así como por la discusión acerca del régimen fiscal que deberían tener las organizaciones de fe. Precisamente, el programa N Investiga abordó este tema en un trabajo titulado "Más de 700 vehículos exonerados a iglesias y RD$416 millones en sacrificio fiscal", donde se documenta la repercusión económica de las exenciones otorgadas entre 2021 y 2025.
La investigación se centró, entre otros aspectos, en la cantidad de automóviles que se han beneficiado de estas facilidades y en los recursos que el Estado ha dejado de ingresar como consecuencia de las exoneraciones, proporcionando una visión clara del alcance del beneficio fiscal. De acuerdo con el estudio de N Investiga, más de 700 vehículos fueron eximidos de impuestos para iglesias, mientras que el costo fiscal asociado a estas ventajas alcanzó los RD$416 millones entre 2021 y 2025. Estos datos han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre si las entidades religiosas deben mantener este tipo de privilegios tributarios y qué criterios debería emplear el Estado para concederlos.
La discusión también plantea interrogantes sobre el destino que podrían tener esos fondos si, en lugar de ser parte de las exoneraciones, ingresaran a las arcas públicas para financiar otras necesidades nacionales. Mientras una parte de la sociedad critica que el Estado deje de percibir ingresos mediante estos beneficios, quienes defienden las exoneraciones argumentan que las iglesias llevan a cabo labores sociales y comunitarias que podrían justificar un trato fiscal diferente. Quienes cuestionan estos privilegios señalan que, en momentos en que el Estado requiere recursos para atender demandas sociales, educativas, sanitarias y de infraestructura, las exoneraciones deberían ser revisadas bajo principios de transparencia, necesidad y provecho colectivo.
Por otro lado, quienes defienden las exenciones sostienen que las iglesias cumplen funciones sociales y comunitarias que van más allá del ámbito estrictamente religioso, por lo que consideran que mantener ciertas facilidades fiscales puede contribuir a las tareas que desarrollan en favor de sus comunidades.
