El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para un inspector de migración del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA). El inspector fue arrestado tras exigir un pago indebido a un extranjero y su acompañante, alegando un supuesto exceso de tiempo de permanencia en el país. Las autoridades presentaron la solicitud formal ante los juzgados correspondientes.
La Fiscalía ha presentado ante la justicia una solicitud de imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un inspector de migración que prestaba servicio en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA). Este inspector supuestamente exigió el pago de una multa a un ciudadano extranjero y a su acompañante, bajo el pretexto de que excederían el tiempo de estadía permitido en la nación.
Albert Isaac Pérez Ferreras fue detenido en el aeropuerto mientras presuntamente solicitaba la suma de doscientos dólares estadounidenses (US$200.00) a un pasajero de nacionalidad española y a la persona que lo acompañaba. El acusado manifestó que las víctimas permanecerían en territorio dominicano por un periodo de tres (03) meses, sobrepasando el límite autorizado, por lo cual debían realizar un pago por penalidad de estadía.
La petición de medida de coerción fue formalizada por la procuradora general de corte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto con los fiscales Yoneivy González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes Ramírez, ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.
La instancia legal detalla que, a raíz de la petición de soborno y el cuestionamiento realizado por el inspector a los pasajeros, estos respondieron que ya habían ingresado al país en ocasiones anteriores, sin experimentar inconvenientes ni tener que efectuar pago alguno por concepto de permanencia.
Sin embargo, frente a la exigencia del dinero, el ciudadano español comunicó a Pérez Ferreras que solo contaba con setenta dólares estadounidenses (US$70.00). En ese instante, el inspector supuestamente indicó al pasajero que debía entregarle discretamente dicha cantidad para permitirles la entrada al país.
Tras varios intentos de entrega, el ahora investigado presuntamente instruyó a la víctima para que introdujera el dinero dentro del pasaporte, cumpliendo este con la exigencia, tal como se aprecia en las grabaciones de las cámaras de vigilancia del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del aeropuerto, concretándose así el delito de soborno.
La Pepca asumió el caso por designación de la Dirección General de Migración (DGM), institución a la cual Pérez Ferreras se unió en el año 2022. Entre las funciones propias de su cargo como inspector de control migratorio, se encuentran la responsabilidad de verificar, controlar y supervisar la entrada y salida de pasajeros del territorio nacional, asegurando el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos migratorios, así como actuar con apego a los principios de legalidad, transparencia, probidad y ética en el desempeño de sus funciones públicas.
Tras el arresto, las autoridades de la Dirección General de Migración hicieron entrega formal, a través de un soporte digital (CD), de las imágenes del vídeo captadas por las cámaras de vigilancia correspondientes al área donde se produjeron los hechos investigados. En el vídeo se puede observar la interacción entre el investigado y los ciudadanos extranjeros, así como las circunstancias relacionadas con la entrega del dinero y la posterior recepción del mismo por parte del investigado, Albert Isaac Pérez Ferreras.
El Ministerio Público solicitó que se le imponga al imputado Pérez Ferreras, arrestado el pasado 17 de mayo en el mencionado aeropuerto, la medida de coerción que implica la privación de libertad, conforme al artículo 230 numeral 7 del Código Procesal Penal Ley núm. 97-25.
Diversas pruebas documentales, testimoniales, audiovisuales, materiales y procesales respaldan la solicitud de medida de coerción contra Pérez Ferreras, quien es acusado de infringir el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana, así como los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal Dominicano, que tipifican los actos de corrupción y el soborno o cohecho.
El órgano del Ministerio Público informó que extiende las pesquisas del caso.
