La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha solicitado prisión preventiva para un inspector de control migratorio del AILA. Se le acusa de exigir dinero a un turista español y su acompañante para permitirles la entrada al país. El arresto se produjo tras la denuncia de la solicitud de un soborno de 200 dólares.
La Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) llevó el caso ante la justicia, solicitando la detención preventiva de un inspector de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Se le acusa de pedir dinero a un ciudadano de España y a su acompañante para autorizar su ingreso al país.
El acusado ha sido identificado como Albert Isaac Pérez Ferreras, quien fue detenido en el acto luego de exigir 200 dólares a los pasajeros, argumentando que planeaban permanecer en República Dominicana por tres meses, supuestamente excediendo el tiempo de estadía permitido.
Según la solicitud de medida coercitiva presentada por la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, junto con los fiscales Yoneivy González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes Ramírez, el inspector aseguró a las víctimas que debían realizar un pago por una supuesta sanción migratoria.
Sin embargo, los pasajeros le explicaron que ya habían ingresado al país anteriormente sin problemas y sin tener que abonar ninguna cantidad por concepto de estadía.
Según consta en el expediente, el ciudadano español le comunicó al inspector que solo disponía de 70 dólares estadounidenses. Ante esto, Pérez Ferreras, supuestamente, le requirió que le entregara el dinero de forma discreta para permitirles el acceso al territorio nacional.
La investigación revela que, tras varios intentos de entrega, el inspector indicó al pasajero que colocara el dinero dentro del pasaporte, una acción que quedó grabada por las cámaras de vigilancia del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del aeropuerto.
El Ministerio Público mantiene que con este accionar se configuró el presunto delito de soborno.
La solicitud de medida de coerción fue presentada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.
El caso fue remitido a la Pepca por la Dirección General de Migración (DGM), institución a la que Pérez Ferreras se unió en el año 2022 como inspector de control migratorio.
Entre las funciones propias de su cargo se encontraban la verificación, el control y la supervisión de la entrada y salida de pasajeros al territorio nacional, asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia migratoria y actuando bajo los principios de legalidad, transparencia, probidad y ética pública.
