Los magistrados y empleados judiciales que organizaron la huelga nacional del 21 de mayo de 2026 han expresado su gratitud por el respaldo recibido de diversos sectores de la sociedad dominicana. A través de un comunicado, los organizadores resaltaron el carácter histórico de la jornada para el sistema judicial del país. Agradecieron el apoyo de colegios de abogados, organizaciones civiles, miembros del Ministerio Público y la Defensa Pública, así como asociaciones de fiscales.
A través de un comunicado, los convocantes expresaron su agradecimiento a las distintas filiales del Colegio de Abogados de la República Dominicana, asociaciones de juristas, organizaciones de la sociedad civil, integrantes del Ministerio Público y la Defensa Pública, al igual que a las asociaciones FISCALDOM y ADOFI, entidades que agrupan a fiscales de la nación.
De igual forma, enfatizaron el respaldo ofrecido por los medios de comunicación, líderes de opinión, plataformas digitales y redes sociales, destacando de forma especial la cobertura brindada por CDN en las distintas provincias del territorio nacional.
Los representantes judiciales indicaron que el amplio apoyo demostró que las problemáticas denunciadas por magistrados y empleados judiciales no representan reclamos aislados, sino situaciones estructurales que afectan directamente la calidad del servicio judicial y el acceso oportuno a la justicia.
Entre las principales dificultades mencionadas se encuentran la escasez de personal, la excesiva carga de trabajo, las limitaciones operativas y la carencia de movilidad dentro de la carrera judicial, factores que, según señalaron, impactan diariamente el funcionamiento de los tribunales.
Los convocantes reiteraron que la huelga nacional fue una medida “legítima, pacífica y responsable”, adoptada luego de años de reclamos institucionales sin respuestas concretas por parte de las autoridades correspondientes.
En ese sentido, manifestaron su disposición de participar en un proceso de diálogo “serio y transparente”, orientado a soluciones reales y verificables, mediante una comisión elegida por los propios convocantes para presentar formalmente las necesidades y demandas del sector judicial.
