La Unión Europea planea una expansión masiva de su infraestructura de centros de datos en los próximos cinco a siete años para satisfacer la creciente demanda de IA y servicios en la nube. Sin embargo, esta ambición choca con una fuerte dependencia de tecnologías y cadenas de suministro de empresas no europeas, lo que plantea un desafío significativo para la autonomía digital de la región. Bruselas busca corregir este desequilibrio para fortalecer su soberanía tecnológica.
Europa se prepara para una demanda significativamente mayor de capacidad de cómputo en el futuro. El crecimiento de la inteligencia artificial, los servicios en la nube y las cargas de trabajo cada vez más exigentes impulsan la necesidad de construir infraestructura a una escala mucho mayor, y Bruselas busca acelerar este proceso dentro de la Unión Europea.
El problema surge al analizar los componentes internos de estos centros de datos y las empresas detrás de las tecnologías que los operan: en varias de las capas más cruciales, la UE sigue dependiendo de compañías y cadenas de suministro ubicadas fuera de sus fronteras.
La magnitud de este salto ya ha sido presentada. La Comisión Europea introdujo en junio la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA), una propuesta que busca triplicar la capacidad de los centros de datos de la UE en los próximos cinco a siete años, con el objetivo de cubrir las necesidades de empresas y administraciones públicas hasta 2035. Esto implica triplicar la capacidad disponible, no el número de instalaciones. Aunque el plan aún debe pasar por el proceso legislativo europeo, anticipa una expansión que generará una enorme demanda de servidores, chips y toda la infraestructura necesaria para su operación.
Europa aspira a crecer sin aumentar su dependencia. No obstante, esta ambición se topa con una realidad menos favorable. Los estudios de GEA y DECISION estiman que las compañías con sede en la Unión capturan solo el 6% del mercado europeo de semiconductores para centros de datos, el 7% de la fabricación y ensamblaje de servidores, y el 8% del valor asociado a la infraestructura en la nube. Esto significa que la mayor parte del valor generado por estas capas tecnológicas permanece en manos de empresas no europeas.
Sin embargo, esto no implica que todo el hardware se fabrique fuera de sus fronteras; el informe mide la captura de valor, no únicamente el lugar de producción. La dependencia no se limita a un único eslabón. Asia oriental concentra gran parte de la fabricación avanzada de semiconductores, mientras que la UE depende en gran medida de empresas estadounidenses para el diseño de chips, y el mercado de servidores también está dominado por fabricantes externos a la Unión.
A pesar de esto, Europa mantiene fortalezas notables: la empresa neerlandesa ASML es el único fabricante mundial de sistemas de litografía EUV, esenciales para la producción de los chips más avanzados. El desafío reside en la cadena de suministro completa y en el ritmo de crecimiento: desde 2021, la demanda europea de sistemas de servidores ha crecido un 36% anual, en contraste con el 20% de la fabricación dentro de la UE.
El siguiente nivel no altera significativamente el panorama. La Comisión Europea indica que la cuota de los proveedores de la UE en el mercado de la nube disminuyó del 29% en 2017 al 15% en 2022, manteniéndose alrededor de este nivel. Mientras tanto, tres grandes hiperescaladores no pertenecientes a la Unión concentran más del 70% del mercado europeo. Es importante diferenciar este porcentaje del 8% mencionado anteriormente: GEA mide el valor de la infraestructura en la nube capturado por empresas de la UE, mientras que este último se refiere a la participación de los proveedores de servicios.
Hasta ahora se ha abordado la industria y el mercado, pero la dependencia se vuelve más crítica cuando afecta a servicios esenciales. La Comisión citó como ejemplo el intento de Kyndryl de adquirir Solvinity, un proveedor de infraestructura para servicios de la administración neerlandesa utilizados por 16,5 millones de ciudadanos. El Gobierno de Países Bajos bloqueó la operación en mayo de 2026, tras evaluar cuestiones relacionadas con el interés público, la autonomía digital y la protección de infraestructuras críticas.
Este es el desequilibrio que Bruselas busca comenzar a corregir. La Comisión propone CADA y Chips Act 2.0 como piezas complementarias: una busca facilitar el despliegue de una capacidad de computación mucho mayor y la otra, aprovechar esa demanda para fortalecer el diseño, la fabricación y la cadena de suministro de semiconductores en la UE. El objetivo no es aislar el mercado europeo, sino reducir una dependencia que actualmente afecta a varias de sus capas fundamentales.