La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha dictaminado a favor del derecho a reparar, obligando a John Deere a facilitar el acceso a herramientas de diagnóstico y recursos de reparación a agricultores y talleres independientes. Esta decisión histórica, que incluye una supervisión estricta de diez años, busca poner fin a las prácticas monopolísticas que encarecían y retrasaban las reparaciones de maquinaria agrícola, sentando un precedente importante para otros sectores.
John Deere ha mantenido una disputa con sus clientes agricultores durante más de una década, pero el año 2026 marca un punto de inflexión decisivo. Hace unos meses, la justicia ya había sancionado a la compañía por monopolizar las reparaciones, obligándola a compensar a los agricultores que durante años pagaron precios excesivos por los arreglos.
Ahora, llega la resolución definitiva: la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha fallado a favor del derecho a reparar de los agricultores. La gigante de la maquinaria agrícola deberá facilitar el acceso a sus herramientas de diagnóstico a quienes necesiten reparar sus propios tractores, bajo una vigilancia estricta durante diez años. El acuerdo establece que John Deere debe ofrecer a agricultores y talleres de reparación independientes los mismos recursos que ya proporciona a sus concesionarios autorizados, y hacerlo de manera justa y razonable. Además, se prohíbe a los concesionarios de Deere tomar represalias o discriminar a los clientes que opten por reparaciones independientes o que promuevan la disponibilidad de estos nuevos recursos.
La relevancia de esta decisión es considerable. Aunque el derecho a reparar es un concepto conocido en tecnología, en el sector agrícola, con maquinaria especializada de alto valor, adquiere una dimensión crítica. El tiempo para sembrar o cosechar es limitado, y si un tractor o una cosechadora se avería durante varios días a la espera de un técnico autorizado, esto se traduce en una pérdida real de producción. Los costes de reparación tampoco suelen ser bajos. La FTC considera que las prácticas de John Deere eran ilegales y abusivas, al forzar a los agricultores a depender de concesionarios autorizados para las reparaciones, lo que aumentaba los costes y provocaba retrasos en el servicio en momentos cruciales. Esta sentencia podría sentar un precedente como modelo de aplicación del derecho a reparar en otros sectores, como el automotriz.
En abril de 2026, John Deere ya había llegado a un acuerdo de 99 millones de dólares en una demanda colectiva con agricultores que habían pagado reparaciones caras desde 2018, resarciendo el daño causado con compensaciones económicas. Ahora, la sentencia exige un cambio en el modus operandi: la FTC obliga estructuralmente a Deere a poner sus servicios de reparación a disposición de propietarios de equipos y talleres independientes.
Es posible gastar hasta 450.000 euros en un John Deere nuevo y aun así, el tractor no es completamente propiedad del comprador. Estas máquinas son mucho más que cuatro ruedas enormes; incluyen GPS, sensores, telemetría y software propietario de la marca, lo que constituye el núcleo del problema.
En detalle, Deere posee el control exclusivo de una herramienta de software de reparación completamente funcional llamada "Service Advisor", cuya distribución restringía únicamente a sus concesionarios autorizados. La FTC calificó esta práctica como "un estrangulamiento ilegal sobre reparaciones esenciales de equipo agrícola". Además, Deere deberá pagar un millón de dólares de forma colectiva a los cinco estados demandantes en concepto de costes de ejecución antimonopolio, y quedará sujeta a una supervisión de cumplimiento estricta durante los próximos 10 años. Este plazo podrá extenderse si la empresa incumple los términos del acuerdo.
Aunque el acuerdo es vinculante, tiene un plazo definido y un mecanismo de supervisión para asegurar su cumplimiento, John Deere se limita a afirmar que esta medida solo refuerza un "compromiso de años" que, según la empresa, ya venía cumpliendo. Resta por ver cómo se implementará en la práctica, y si esos precios "justos y razonables" lo serán de verdad dependerá de la rigurosidad con la que la FTC vigile su cumplimiento.
