Francia, que aspiraba a ser pionera en Europa al prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años a partir de septiembre, ha visto sus planes frustrados. El Consejo Constitucional francés ha dictaminado que la ley era excesiva y mal formulada, afectando la libertad de expresión y la privacidad, lo que frena en seco esta iniciativa. La decisión pone de manifiesto los límites jurídicos que enfrentan los estados al restringir el acceso digital de los menores.
Aunque varios países europeos, incluida España, buscan emular a Australia en la prohibición de redes sociales para menores, Francia se había adelantado en este camino. El Estado francés estaba avanzando en las fases necesarias para convertirse en el primer país del continente en implementar esta prohibición a partir del 1 de septiembre de este año. Sin embargo, el Gobierno francés ha encontrado un obstáculo insuperable en el Conseil Constitutionnel, su Consejo Constitucional.
Según este organismo, equivalente al Tribunal Constitucional, la ley era demasiado restrictiva y estaba formulada de manera deficiente. El Consejo Constitucional argumenta que la prohibición se aplicaba indiscriminadamente a todos los menores de 15 años, sin considerar la edad, el nivel de madurez o la situación familiar. Además, no preveía la posibilidad de que los padres pudieran autorizar el acceso a sus hijos si lo consideraban apropiado.
Por estas razones, el Consejo considera que la medida vulnera la libertad de expresión, al no ser una restricción adaptada, necesaria ni proporcional al objetivo que se perseguía. El organismo francés también destacó la preocupación por la privacidad, ya que el sistema de verificación de edad, al exigir que los adultos también demuestren su edad para acceder, infringía el derecho a la privacidad reconocido en la Declaración de 1789.
Esta decisión es significativa porque establece un claro límite jurídico sobre hasta dónde puede llegar un Estado al restringir el acceso digital de los menores en nombre de su protección. La resolución del Consejo Constitucional llegó apenas dos semanas antes de la fecha prevista para la entrada en vigor de la prohibición generalizada en Francia, que habría convertido al país vecino en el primero de Europa en establecer límites legislativos a las redes sociales para menores. Aunque Francia no será el primero, no es el único país con esta intención; una larga lista de estados europeos, como Dinamarca, España o el Reino Unido, tienen planes similares.
La ley que buscaba impedir el acceso de menores de 15 años a las redes sociales surgió tras una investigación parlamentaria sobre cómo TikTok genera adicción en los jóvenes y afecta su salud mental. El texto legal exigía a los proveedores de redes sociales que operan en Francia que impidieran el acceso y la creación de cuentas a menores de 15 años mediante dispositivos de verificación de edad, bajo pena de multa. Para los menores de entre 15 y 18 años, la ley contemplaba una especie de "toque de queda" digital.
La decisión del Consejo Constitucional representa un revés para el presidente Macron, quien había convertido esta ley en una de las principales iniciativas de su mandato. No obstante, la situación no es del todo negativa: el Consejo no cuestiona la legitimidad del objetivo de proteger a los menores, sino la forma en que se intentaba lograr. Además, solo se ha anulado una parte de la ley; el resto sigue vigente, como la prohibición del uso de teléfonos móviles en los institutos a partir del curso 2026-2027.
Tampoco se trata de un adiós definitivo a la ley. Macron ya ha solicitado al primer ministro Sébastien Lecornu que prepare una nueva versión de la normativa para la primavera de 2027. Como ha declarado Sarah El Haïry, responsable de Infancia del Gobierno francés, esta decisión "cierra una oportunidad, pero no cierra el combate".