El embajador de Cuba ante la ONU ha cuestionado las continuas sanciones de Estados Unidos, afirmando que contradicen la exigencia de Washington de una mayor apertura económica en la isla. A pesar de las recientes reformas cubanas destinadas a fomentar la inversión privada, La Habana sostiene que las restricciones estadounidenses están impidiendo este progreso. El Departamento de Estado, por su parte, ha reafirmado su intención de mantener la presión mediante nuevas penalizaciones.
Estados Unidos ha solicitado que Cuba adopte una mayor apertura hacia la inversión privada, y el gobierno de La Habana ha implementado reformas significativas para promoverla. Por esta razón, el representante de Cuba ante las Naciones Unidas expresa su desconcierto sobre por qué Washington persiste en aplicar sanciones que dificultan la expansión económica que la isla ha buscado durante décadas.
En una entrevista concedida a The Associated Press esta semana, Ernesto Soberón Guzmán dirigió su interrogante al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, considerado el principal artífice de la política del gobierno de Donald Trump hacia la nación caribeña. “¿A qué le temen? Si están tan seguros de que la administración cubana es ineficaz, ¿por qué necesitan imponer nuevas sanciones casi cada dos semanas?”, inquirió el embajador.
El Departamento de Estado respondió a una solicitud de comentarios citando a Rubio, quien indicó que se seguirán anunciando penalizaciones cada pocas semanas para cerrar “las vías de escape que están intentando crear en cada mecanismo”. El jueves, Estados Unidos impuso más castigos económicos al sector industrial cubano, dirigidos específicamente a empresas estatales de minería, metalurgia y construcción.
Cuba se encuentra al borde del colapso debido al embargo petrolero impuesto por Estados Unidos en enero, sumándose a un bloqueo comercial que ya lleva varias décadas y a un aumento de las sanciones. Las medidas de la Casa Blanca, cuyo propósito es presionar al gobierno de La Habana privándolo de recursos financieros, han exacerbado los ya graves apagones, han dejado a los ciudadanos sin transporte público, han paralizado infraestructuras y han agravado la escasez de medicamentos y alimentos en la nación insular caribeña.
Según Soberón Guzmán, las sanciones representan el principal impedimento para que Cuba liberalice su economía. Señaló que el impacto de las acciones estadounidenses —especialmente la falta de electricidad y la escasez de combustible para operar negocios o desplazarse— ha disuadido a inversores y turistas, una fuente crucial de ingresos para el país. Algunas empresas han abandonado la isla, como la cadena hotelera española Meliá, que dependía de los ingresos del turismo y citó “importantes dificultades operativas, legales, económicas y financieras” para justificar su decisión.
“Literalmente, Estados Unidos ha hecho todo lo posible para desalentar a los inversores extranjeros”, afirmó William LeoGrande, profesor de la American University y reconocido especialista en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. “Cuando dicen ‘Bueno, queremos ver a Cuba abrirse a la inversión extranjera’, no están siendo honestos (…) No es factible que lo logren sin algún tipo de alivio de las sanciones”.
El objetivo de la administración republicana de Trump, indicó, “no es únicamente abrir Cuba económicamente, sino derrocar al gobierno cubano, transformando la naturaleza del sistema político cubano”.
John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio y Economía Estados Unidos-Cuba, comentó que la isla se vio obligada a realizar cambios cuando perdió su principal soporte económico tras la destitución por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero. “El resultado es que, en los últimos ocho meses, el gobierno cubano ha implementado más modificaciones comerciales, económicas y financieras en el país que las que se han realizado en conjunto desde la revolución”, señaló.
Aun así, el gobierno de Trump sigue intensificando las sanciones, aumentando la presión sobre La Habana, que responde implementando más transformaciones, comentó Kavulich. “Pero desde nuestra perspectiva, faltan dos elementos: por un lado, que Cuba materialice mediante regulaciones todo lo que ha anunciado, y en segundo lugar, que el gobierno de Trump permita a las empresas estadounidenses tener mayor acceso al mercado cubano mientras estos cambios están en marcha”, explicó.
Las modificaciones anunciadas por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en junio buscan transformar significativamente la economía y la industria del país, que han estado bajo estricto control del gobierno socialista desde la revolución de 1959. Estas incluyen un mayor margen para las empresas privadas, la posibilidad de importaciones y exportaciones sin la intermediación estatal, la contratación libre de personal, la autorización de bancos privados, la capacidad de los cubanos para invertir en el extranjero y la opción de que cadenas de comida rápida se establezcan en la isla.
Soberón Guzmán destacó que existen oportunidades de inversión en bienes raíces, parques solares y energía para contribuir a mitigar la escasez de electricidad del país, así como en puertos deportivos y en la industria turística.
Christopher Hernandez-Roy, director interino del programa de las Américas en el Center for Strategic and International Studies, recordó que la última apertura económica bajo la administración demócrata del presidente Barack Obama “fue posteriormente frenada por los propios cubanos, quienes temían que la apertura fuera demasiado lejos y pareciera amenazar el control político”.
En la actualidad, añadió, parece que los cubanos realmente desean reformas económicas e inversión externa. Las reformas económicas de Díaz-Canel no son imposibles, pero las sanciones de Estados Unidos “limitan significativamente sus posibilidades de éxito”, señaló Hernandez-Roy. Resaltó la ironía de que la presión estadounidense “está contribuyendo a impulsar a los cubanos hacia una mayor liberalización económica por necesidad, al mismo tiempo que restringe los recursos y el acceso necesarios para que esas reformas realmente mejoren la economía”.
A finales de junio, después de que se hicieran públicas las reformas, Estados Unidos impuso sanciones a cinco compañías estatales —tres de ellas vinculadas a un conglomerado empresarial manejado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Conocido popularmente como GAESA, se estima que controla casi el 40% del producto interno bruto del país.
Rubio, exsenador por Florida cuyos padres nacieron en Cuba, no se mostró impresionado por los cambios económicos recientemente anunciados. El mes pasado calificó a Cuba como un “Estado fallido” con “un modelo económico deficiente”. Manifestó que sus líderes “no saben lo que hacen” y “no saben cómo solucionar su economía”.
“Considero que el desafío que Cuba ha enfrentado durante los últimos quince años es que desean mejorar un poco su economía, pero temen que si la mejoran demasiado, perderán el control político sobre la población”, dijo. Rubio afirmó que Estados Unidos está dispuesto “a hacer lo que podamos para lograr un cambio positivo en Cuba porque afecta directamente nuestra seguridad nacional”, ya que se encuentra a solo 145 kilómetros (90 millas) del territorio continental estadounidense. “Y deseamos que Cuba sea próspera. Queremos que Cuba sea libre”.
El embajador cubano declaró que implementar las transformaciones económicas sería mucho más sencillo sin las sanciones, si empresas estadounidenses participaran en Cuba y si el comercio entre ambas naciones fuera viable. La buena noticia es que existen contactos entre Washington y La Habana, indicó. Pero se negó a proporcionar detalles de lo que describió como “conversaciones muy delicadas”.
“Pero la cuestión es que, incluso cuando Cuba está cambiando mucho (…) el gobierno de Estados Unidos mantiene la misma política de agresión hacia el pueblo cubano”, expresó Soberón Guzmán.
