A pocos días de comenzar el ciclo escolar 2026-2027, el sistema educativo dominicano enfrenta opiniones divididas sobre su preparación. Mientras el Ministerio de Educación reporta la adición de más de 1,200 aulas y asegura la ubicación de todos los estudiantes, la Asociación Dominicana de Profesores denuncia problemas estructurales, escasez de cupos y personal. Este contraste pone en relieve las condiciones en las que millones de alumnos regresarán a las aulas.
A escasos días de que inicie el año escolar 2026-2027, programado para el lunes 24 de agosto, el ámbito educativo dominicano presenta dos perspectivas sobre su estado de alistamiento. Por un lado, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) alerta sobre deficiencias en la infraestructura, la carencia de espacios para alumnos y la falta de personal. Por otro, el Ministerio de Educación (Minerd) afirma estar trabajando para asegurar que ningún estudiante quede sin lugar y reporta la incorporación de más de 1,200 nuevas aulas. Esta disparidad de puntos de vista pone nuevamente en el centro del debate las circunstancias en que comenzará el próximo período lectivo y la efectividad de las medidas gubernamentales para satisfacer las demandas de estudiantes, docentes y centros educativos.
La ADP, bajo la dirección de Eduardo Hidalgo, llevó a cabo el jueves una jornada de movilización para exigir la intervención de las autoridades ante lo que considera fallas persistentes en diversas instituciones educativas del país. El gremio ha señalado problemas vinculados con la estructura física, la disponibilidad de salones, la carencia de profesores y personal administrativo, además del retraso en el pago de los beneficios provenientes de la Evaluación del Desempeño Docente. Hidalgo enfatizó que las autoridades deben prestar atención a las condiciones de las escuelas a tan solo días del inicio de las clases y advirtió sobre situaciones específicas en varios establecimientos.
Entre los ejemplos citados por el presidente de la ADP se encuentra el Liceo Miguel Coco, en Maimón, donde afirmó que la jornada escolar extendida fue suprimida debido al estado del inmueble. También mencionó el Liceo José Francisco Peña Gómez, en Cristo Redentor, donde aseguró que seis salones no están en condiciones adecuadas y son empleados como aulas móviles. El líder sindical también sostuvo que más de una decena de centros educativos en Boca Chica tendrían dificultades para iniciar el año escolar con normalidad y cuestionó el estado de la edificación en diferentes áreas del Gran Santo Domingo. “Las condiciones de la planta física están en situación crítica”, declaró Hidalgo, quien solicitó al Gobierno y al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, que acudan “de inmediato en ayuda” de los centros con problemas.
Uno de los principales puntos de controversia entre el sindicato y las autoridades educativas se refiere al número de alumnos que aún no tienen un lugar asignado. La ADP ha manejado una cifra de cientos de miles de estudiantes sin cupo, aunque el Ministerio de Educación desestimó esa estimación. La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd, Ancell Scheker Mendoza, explicó inicialmente que alrededor de 9,000 estudiantes estaban pendientes de asignación. Posteriormente, el Ministerio corrigió esa cifra y estableció que son unos 6,000 estudiantes a nivel nacional los que todavía necesitan ser ubicados en un espacio escolar. La funcionaria garantizó que el Ministerio mantiene un proceso diario para asignar a esos estudiantes y que el compromiso de las autoridades es que ninguno quede fuera de las aulas. La diferencia es significativa. Mientras la ADP habla de una situación de mayor magnitud, el Minerd sostiene que la cantidad pendiente es considerablemente menor y que posee mecanismos para resolver los casos antes o durante el comienzo de la docencia.
Ante la insuficiencia de espacios en ciertas áreas, el Minerd ha recurrido a varias soluciones. Scheker Mendoza detalló que algunos estudiantes están siendo reubicados en escuelas cercanas que disponen de capacidad. También se consideran alquileres de espacios, acuerdos con instituciones educativas privadas para recibir alumnos y la instalación de aulas prefabricadas en lugares donde la demanda excede la capacidad existente. El Ministerio también prevé modificar, cuando sea necesario, las rutas del Transporte Escolar (TRAE) para facilitar el desplazamiento de estudiantes hacia centros donde existan cupos. La problemática, según Educación, no está distribuida de manera uniforme en el territorio nacional. Los mayores niveles de presión se concentran en zonas de crecimiento demográfico como Santo Domingo, el Gran Santo Domingo e Higüey. La justificación oficial apunta al traslado de familias hacia lugares donde surgen nuevas oportunidades laborales, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo hotelero y turístico.
Mientras la ADP critica la situación de ciertos centros, el Minerd asegura haber ampliado la capacidad del sistema. El Ministerio informó el 12 de agosto que ya había integrado más de 1,200 aulas nuevas para el año escolar 2026-2027 y que mantiene como meta alcanzar las 1,500 aulas en los próximos meses. Adicionalmente, reportó labores de mantenimiento correctivo en 1,342 planteles educativos, lo que beneficia a unas 9,831 aulas. La Dirección de Infraestructura Escolar también comunicó que 94 centros mantenían trabajos activos durante agosto, con la proyección de seguir añadiendo aulas a medida que finalicen las obras. Esto demuestra una de las principales tensiones del inicio del año escolar: el sistema está expandiendo su capacidad, pero al mismo tiempo existen centros que aún requieren reparaciones o adaptaciones para operar plenamente. El propio Ministerio ha planteado que, mientras concluyen ciertas obras, seguirá empleando alternativas como la habilitación de espacios y el alquiler de locales en las zonas donde persista una mayor demanda.
La infraestructura y los cupos no son los únicos puntos de conflicto. La ADP también demanda el pago de los incentivos y retroactivos resultantes de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD). Hidalgo afirmó que el proceso finalizó el 27 de junio y cuestionó que aún no se haya realizado el desembolso correspondiente. El Minerd, sin embargo, ha explicado que el pago debe seguir un protocolo acordado con la ADP y ANPROTED. Según el Ministerio, después de la publicación y notificación de los resultados se abrió un plazo de 15 días calendario para reclamaciones. Los casos sin objeciones pasan posteriormente a los trámites administrativos para procesar los incentivos, mientras que las reclamaciones deben ser revisadas dentro de un período de hasta 45 días. La cartera educativa ha insistido en que el procedimiento busca garantizar transparencia, seguridad jurídica y debido proceso para los docentes evaluados.
En medio de las discusiones sobre las condiciones del sistema, el Minerd también anunció una medida enfocada en el acompañamiento de los estudiantes. El Ministerio instruyó reducir de 300 a 150 alumnos la proporción correspondiente a cada psicólogo u orientador escolar. Con este cambio, los centros con mayor matrícula podrán contar con varios profesionales para abordar aspectos relacionados con la convivencia, dificultades de aprendizaje, orientación y proyectos de vida. La medida busca fortalecer una dimensión que ha cobrado mayor relevancia dentro del sistema educativo: el apoyo emocional y psicosocial de los estudiantes.
El panorama previo al inicio del año escolar muestra, por tanto, un sistema que presenta avances en la expansión de infraestructura y nuevas medidas de atención, pero que todavía enfrenta desafíos señalados por el principal gremio docente. El Minerd sostiene que cuenta con más de 1,200 aulas nuevas, trabaja para alcanzar las 1,500 y lleva a cabo intervenciones de mantenimiento en miles de aulas. También asegura que los aproximadamente 6,000 estudiantes pendientes de cupo serán ubicados mediante reubicaciones, alquileres, acuerdos con colegios y aulas prefabricadas. La ADP, en cambio, reclama que las autoridades atiendan situaciones específicas de infraestructura, escasez de personal y espacios insuficientes antes de que los estudiantes regresen a las aulas. El verdadero balance comenzará a observarse a partir del 24 de agosto, cuando millones de estudiantes retornen a los centros educativos. Será entonces cuando las cifras de aulas disponibles, estudiantes ubicados y planteles intervenidos deberán materializarse en una realidad concreta: que las escuelas estén abiertas, funcionen en condiciones adecuadas y tengan la capacidad para recibir a quienes tienen derecho a ocupar sus aulas.
