La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, ha expresado su preocupación por la posible "desaparición del Estado de derecho internacional" tras las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos en su contra. Akane, quien anticipó estas medidas, subraya la importancia de evitar que este incidente deteriore los principios fundamentales del derecho internacional, mientras Washington tilda a la CPI de "politizada" y sus aliados critican enérgicamente la acción.
La japonesa Tomoko Akane, actual presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), manifestó este viernes su inquietud por el riesgo de una "desaparición del Estado de derecho internacional" después de ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos esta misma semana. Akane declaró en un comunicado distribuido en X por su editorial, Bungei Shunju: "La sanción en mi contra en esta ocasión era algo que, de cierta forma, había previsto, por lo que no me resulta una sorpresa". La magistrada añadió, en sus primeras declaraciones públicas desde el anuncio de las sanciones: "Lo crucial es que esto no marque el comienzo del fin del Estado de derecho internacional".
Washington, que percibe a la CPI como una institución "politizada", informó el martes sobre las sanciones impuestas tanto a su presidenta como al juez senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente ejerce como sustituto del fiscal en la alta corte con sede en La Haya. Esta medida impide a los magistrados viajar a Estados Unidos y realizar operaciones en el sistema financiero estadounidense, que posee una vasta influencia global.
Las sanciones fueron rápidamente condenadas por la propia CPI, que las calificó de "ataque flagrante" a su autonomía. A estas críticas se unieron el gobierno de Japón, que es el principal contribuyente financiero de la CPI, así como la Unión Europea, Alemania, Francia y España, entre otros. La misión de la corte es juzgar a aquellos acusados de las atrocidades más graves, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Funciona como último recurso cuando las naciones carecen de sistemas judiciales capaces de asegurar la rendición de cuentas.
Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, que estableció la CPI en 2002. En los últimos tiempos, Washington ha sancionado a varios integrantes de la CPI, primordialmente por sus indagaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave en Oriente Medio. En 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, en relación con el conflicto en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, ya fallecidos.
