El secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo, Hotoniel Bonilla, ha expresado su apoyo a la extensión del plazo para la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Argumenta que ciertas disposiciones del código contradicen la jurisprudencia y los principios de libertad de expresión, lo que podría debilitar el Estado de derecho y el sistema democrático. La medida busca un análisis más profundo por parte de expertos y diversos sectores de la sociedad.
El secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo, Hotoniel Bonilla, manifestó su respaldo a la solicitud de varios grupos para posponer la fecha de aplicación del nuevo Código Penal. Él considera que el texto actual contradice principios establecidos por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia relacionada con la libertad de expresión.
“El Código entra en conflicto con las normas establecidas por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia sobre la libertad de expresión, especialmente en lo referente a la denuncia de las acciones de los funcionarios públicos. Por ello, advierte sobre el posible uso de este como herramienta de control político y social, mediante la amenaza de acciones penales, instrumentalizando así el sistema de justicia. Esto resultaría en el debilitamiento del Estado de derecho y los principios que rigen el sistema democrático”, afirmó el letrado.
Explicó que el Código necesita una revisión exhaustiva por parte de diversos actores y especialistas, con el fin de resolver las tensiones que pudieran poner en riesgo el orden democrático, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica de la población dominicana.
El abogado y líder político indicó que al momento de la aprobación del nuevo Código, se incorporaron modificaciones y nuevas figuras penales que representan una amenaza a las garantías constitucionales y un posible quiebre del bloque de constitucionalidad, las cuales deben ser examinadas.
La implementación del nuevo Código Penal de la República Dominicana, establecido en la Ley núm. 74-25, está programada para el 3 de agosto del año 2026.
Añadió que entre las organizaciones que han solicitado al Poder Ejecutivo prolongar el plazo para la entrada en vigor del Código Penal se encuentra la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). La petición de ampliar el período de vacatio legis de la Ley núm. 74-25, que instaura el Código Penal, es oportuna, ya que recoge las preocupaciones de amplios segmentos de la comunicación, la comunidad jurídica, académica y de actores del propio sistema de justicia, quienes ven con inquietud algunas de las disposiciones contenidas en esta importante legislación.
En este contexto, denunció además que en la situación actual, donde sectores del oficialismo muestran una notable intolerancia hacia las opiniones desfavorables, lo que ha llevado a la persecución judicial de individuos considerados incómodos, las disposiciones incluidas en dicho Código, relativas a la nueva formulación de los tipos penales diseñados para reprimir supuestas conductas que afectan el honor, podrían constituir un atentado contra la libertad de opinión y la libre expresión del pensamiento.
El exfuncionario del Ministerio Público alertó que en momentos en que se busca manipular la opinión pública, con la construcción de una opción de continuidad del poder actual basada en la influencia de grupos económicos con predominio político, resulta fundamental que estas inquietudes y demandas sean atendidas para preservar el ambiente democrático.
