El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha manifestado nuevamente su inquietud respecto al proyecto de ley de residuos sólidos. Aunque apoyan la modernización de la gestión de desechos, cuestionan el procedimiento legislativo acelerado y la concentración de nuevas cargas económicas sobre las empresas, pidiendo prudencia y un análisis más profundo de la propuesta.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) confirmó este lunes su dedicación a fortalecer un método contemporáneo y duradero para la administración completa de los desechos, y reconoce la relevancia de revisar periódicamente el marco legal para afrontar desafíos novedosos. Sin embargo, volvió a expresar su preocupación por la manera en que se busca aprobar una modificación de tal magnitud, mediante un proceso legislativo que limita considerablemente las oportunidades de estudio y debate técnico que una iniciativa de esta envergadura demanda.
La respuesta de la principal organización empresarial surge tras la aprobación en la Cámara de Diputados, con enmiendas, del borrador de ley sobre desechos sólidos, al que se han opuesto en diversas ocasiones. “La prerrogativa constitucional de declarar la urgencia constituye un instrumento legítimo para atender circunstancias excepcionales. No obstante, insistimos en que su empleo para reformas que alteran de modo sustancial compromisos económicos y normas de operación de la actividad productiva debe ejercerse con cautela y responsabilidad institucional”, declaró el gremio en un comunicado.
El CONEP consideró “inquietante” que el proyecto acumule una parte significativa de las nuevas obligaciones económicas sobre las mismas compañías que recientemente asumieron un aumento de la tarifa del Impuesto sobre la Renta y que mantienen una “proporción considerable” de las recaudaciones fiscales del país. “Esta no es una deliberación entre corporaciones grandes, medianas o pequeñas. Todas componen un mismo entramado productivo y todas son cruciales para el progreso nacional”, añadieron los empresarios.
En ese sentido, afirmaron que las políticas gubernamentales deben evaluarse por su efecto acumulado y no de forma aislada. “La proporcionalidad exige ponderar el impacto conjunto de las responsabilidades regulatorias y tributarias, evitando que la constante acumulación de exigencias sobre un mismo sector termine menoscabando la competitividad que el país necesita resguardar”, expusieron.
