La Cámara de Diputados ha dado luz verde, con modificaciones, a una iniciativa legislativa que reforma la Ley 225-20, enfocada en la gestión integral de desechos sólidos. Esta medida, que ahora vuelve al Senado para su revisión, introduce una nueva escala de contribuciones económicas para entidades jurídicas, ajustando los montos según sus niveles de ingresos anuales y estableciendo nuevas categorías para empresas de menor facturación, con el fin de establecer un fondo ambiental.
Este lunes, durante una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados ratificó, en dos discusiones consecutivas, la propuesta legislativa que actualiza la Ley 225-20, la cual regula la administración integral y el coprocesamiento de desechos sólidos. Dado que la pieza legal fue aprobada con ciertas enmiendas, deberá regresar al Senado de la República, donde ya había recibido aprobación la semana anterior.
Entre las modificaciones más significativas se encuentra una nueva clasificación para las contribuciones que deberán realizar las personas jurídicas, basándose en sus ingresos anuales. La propuesta establece que las empresas con ganancias entre 700,000,001 y 1,000 millones de pesos aportarán 750,000 pesos; aquellas que obtengan entre 1,000,000,001 y 2,500 millones de pesos pagarán 1.7 millones de pesos, y las que excedan los 2,500 millones de pesos contribuirán con 2.2 millones de pesos.
Adicionalmente, se introduce una nueva categoría para las entidades jurídicas con ingresos de hasta cinco millones de pesos, cuyo aporte ascenderá a 5,000 pesos. Es importante señalar que estos montos son inferiores a los que previamente había aprobado el Senado de la República.
El texto aprobado dispone que toda persona jurídica, organismos gubernamentales y otros patrimonios autónomos, así como cualquier otra entidad que declare sus ingresos anualmente a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá realizar una contribución especial obligatoria en función de sus ingresos. El propósito de este fondo es atenuar los impactos negativos derivados de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema exhaustivo para su manejo.
La contribución especial a la que se refiere el documento deberá efectuarse conforme a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal en cuestión.
