Un inspector de control migratorio fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana tras supuestamente solicitar RD$100,000 a una ciudadana para permitir su viaje a España. La detención se produjo durante una entrega de dinero supervisada judicialmente, como parte de una investigación conjunta contra la corrupción.
El Ministerio Público ha llevado a cabo la detención de un funcionario de inspección migratoria, quien presuntamente exigió una suma de RD$100 mil a una mujer a cambio de facilitar su salida hacia el Reino de España desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. El individuo señalado, Carlos Javier Sánchez, fue sorprendido justo cuando se disponía a recibir el efectivo durante una operación de entrega controlada, la cual había sido autorizada por una magistrada.
La investigación de este caso está siendo liderada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en colaboración con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia. El proceso investigativo ha contado con el respaldo de diversos equipos operativos pertenecientes a la Dirección General de Migración (DGM).
La operación de entrega controlada del dinero fue ejecutada por un equipo especializado en vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público. En esta operación, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Miguel Crucey, adscrito a la Dirección General de Persecución.
La acción se fundamentó en el Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de este año 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia. Esta entrega supervisada forma parte de las iniciativas proactivas que la actual administración del Ministerio Público ha puesto en marcha para combatir la corrupción y el crimen organizado.
El imputado Carlos Javier Sánchez fue objeto de seguimiento y posterior arresto en el momento en que se disponía a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la mencionada entrega controlada que fue validada por una decisión judicial. El Ministerio Público presentará al imputado ante la justicia en las próximas horas para que se le impongan las medidas de coerción correspondientes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
