Un agente y un chofer de la Dirección General de Migración (DGM) han sido enviados a prisión preventiva por un año en Montecristi. Se les acusa de aceptar sobornos de ciudadanos haitianos en situación irregular y de transportarlos ilegalmente en un vehículo oficial. Los hechos salieron a la luz cuando fueron sorprendidos con 22 migrantes indocumentados, incluyendo menores, en un trayecto no autorizado.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi dictaminó un año de prisión preventiva para un funcionario de la Dirección General de Migración (DGM) y un conductor de dicha institución. Ambos están imputados por recibir dinero a cambio de trasladar ilegalmente a ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, utilizando un vehículo gubernamental. La medida coercitiva fue impuesta al agente migratorio Gustavo Adolfo García Vásquez y al chofer Joel Antonio Castillo Reynoso, ambos asignados al Departamento de Interdicción Migratoria con sede en Puerto Plata.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Elizabeth Paredes Ramírez, Yoneivy Alfredo González Mueses y Ernesto Guzmán Alberto, argumentó que los acusados carecen de los vínculos necesarios con la comunidad para enfrentar el proceso judicial fuera de la cárcel.
Arrestados en flagrante
Según la investigación, los eventos tuvieron lugar el 19 de junio, cuando los imputados tenían la encomienda de trasladar a 32 ciudadanos haitianos indocumentados desde el Centro de Interdicción Migratoria de Puerto Plata hasta el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón para su posterior deportación. Después de finalizar esa tarea, ambos regresaron a Puerto Plata y, a pesar de no tener autorización para transportar personas en el viaje de regreso, fueron descubiertos llevando a otros 22 ciudadanos haitianos indocumentados, incluyendo menores de edad. La detención la llevaron a cabo miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial en el paraje Copey, del municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.
Investigación
El expediente detalla que el camión oficial de la DGM, marca Shacman, generó sospechas al moverse en dirección opuesta a la ruta hacia Dajabón mientras transportaba migrantes. Durante la inspección, los agentes encontraron a los 22 ciudadanos haitianos sentados en la parte trasera del vehículo. Ninguno portaba documentos que comprobaran su estancia legal en el país.
Según la investigación, dos de los migrantes declararon que tenían empleadores esperándolos en Puerto Plata, quienes pagarían RD$22,000 y RD$24,000 por su traslado. El Ministerio Público determinó que estas personas no habían sido detenidas en operativos oficiales de interdicción migratoria, ya que no aparecían en los registros correspondientes.
Cobros ilegales
La investigación establece que los imputados aprovecharon su posición como servidores públicos y los recursos de la Dirección General de Migración para facilitar el tráfico ilícito de personas a cambio de sobornos. El expediente señala que por cada traslado se cobraban entre RD$12,000 y RD$40,000, montos pagados en efectivo o a través de transferencias realizadas por familiares en Haití o en República Dominicana. Asimismo, el órgano acusador indica que, en algunas situaciones, los migrantes eran contactados a través de redes sociales o mediante agencias de viaje que ofrecían la entrada al país sin cumplir los requisitos legales.
La jueza Javierca Gómez dispuso que ambos imputados cumplan la medida de coerción en la cárcel pública de Montecristi. El Ministerio Público comunicó que las indagaciones continúan y recordó que los procesados enfrentan cargos por presuntas infracciones al artículo 146 de la Constitución, los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 46-25, que modifica la Ley 137 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
