El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ha manifestado su apoyo a la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal, programada para principios de agosto. El funcionario considera que esta reforma ha sido objeto de discusión por varias décadas, lo que justifica su implementación. No obstante, el Gobierno evalúa posibles ajustes a la ley que lo instituye.
José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, declaró este martes su conformidad con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, cuya entrada en vigor se proyecta para el inicio de agosto. Subrayó que esta iniciativa representa una transformación que ha estado bajo análisis por varias décadas.
Durante una entrevista en el programa televisivo El Día, Paliza indicó que la deliberación sobre esta propuesta comenzó en 1997, por instrucción del entonces presidente Leonel Fernández. Por ello, opina que ha habido suficiente tiempo para su evaluación. "Considero que este es un asunto de larga data. No me opondría a un aplazamiento, pero estimo que debe entrar en vigor tal como se ha concebido", afirmó el funcionario.
De igual modo, confirmó que el Gobierno está estudiando la posibilidad de realizar modificaciones a la Ley 74-26, la normativa orgánica que establece el nuevo Código Penal, aunque el ministro no precisó cuáles aspectos serían objeto de cambios.
Las declaraciones de Paliza surgen en medio del debate sobre la implementación de la nueva normativa y de los llamados de diversos sectores para revisar algunos de sus artículos antes de su activación.
Entre los argumentos de quienes solicitan una prórroga se incluye la necesidad de examinar ciertos artículos que, según afirman, podrían generar vacíos legales o dificultades en su aplicación. Otros, en cambio, consideran que el sistema judicial aún requiere una mayor preparación para implementar la normativa de manera eficaz.
El nuevo Código Procesal Penal introduce modificaciones en los procedimientos judiciales y busca fortalecer la persecución del crimen organizado, agilizar los procesos penales y actualizar varias disposiciones conforme a las nuevas realidades del sistema de justicia.
Ayer, el abogado constitucionalista, Pedro Justo Castellanos, sostuvo que el nuevo Código Penal contiene disposiciones que generan incertidumbre e inseguridad jurídica y cuestionó el tiempo que se concedió en el Congreso Nacional para debatir el proyecto.
Asimismo, expresó: "Tengo profundas reservas sobre la calidad deliberativa que generó la Ley 74-25", al considerar que el Congreso Nacional debió desarrollar un proceso de discusión más amplio y profundo antes de aprobar una legislación que modifica aspectos esenciales del sistema penal dominicano, lo que hoy contradice el Ministro José Ignacio Paliza, al decir, que el código se viene discutiendo desde el 1997.
