Diputados de la oposición han expresado serias críticas sobre la recién aprobada Ley de Residuos Sólidos, argumentando que su implementación elevará significativamente la carga financiera tanto para las empresas como para los ciudadanos. Los parlamentarios Charlie Mariotti Paz y Alcibíades Tavárez advierten sobre las repercusiones económicas de esta normativa, sugiriendo que no aborda los desafíos fundamentales y podría generar un aumento considerable en los costos para la mayoría de los contribuyentes.
Varios miembros de la bancada opositora manifestaron su desaprobación a la promulgación de la Ley de Residuos Sólidos, al considerar que esta regulación incrementará los costos económicos para el sector empresarial y los consumidores. Los congresistas Charlie Mariotti Paz, afiliado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Alcibíades Tavárez, perteneciente a la Fuerza del Pueblo, pusieron en tela de juicio el contenido de la legislación y alertaron sobre sus posibles consecuencias en la economía nacional. Mariotti aseveró que la ley no ofrece soluciones a los problemas estructurales en la gestión de los desechos sólidos y afirmó que los únicos beneficiados serían los propietarios de estaciones de combustible. “Desafortunadamente, los únicos favorecidos en esta situación fueron los negocios de venta de combustible, que son los únicos a quienes se les aplicará el cobro de la contribución sobre las ventas netas del costo de las mismas”, puntualizó.
El legislador garantizó que el resto de los contribuyentes continuará abonando una contribución específica calculada en función de sus ingresos, lo cual, según sus declaraciones, representa una subida considerable en comparación con el esquema previo. “Todos los demás estaremos abonando una contribución especial. Quien antes pagaba 500 pesos ahora desembolsará 5 o 6 mil pesos; el que abonaba 20 mil ahora estará pagando 90 mil”, manifestó Mariotti.
Por su parte, el diputado Alcibíades Tavárez, de la Fuerza del Pueblo, indicó que la legislación tiene como propósito incrementar la recaudación estatal y advirtió que el gasto final recaerá sobre la ciudadanía. El parlamentario reconoció que durante el debate del proyecto se incorporaron enmiendas, como la disminución del aporte máximo para las grandes corporaciones y la exención de algunas organizaciones sin fines de lucro, pero consideró que estas modificaciones no eliminan el impacto financiero de la ley. “Llego a la conclusión de que esta nación se precipitará a un abismo irrecuperable si persisten en la búsqueda de fondos, ya sea mediante normativas, reformas tributarias o créditos internacionales”, declaró.
Según Tavárez, la ley pretende recaudar entre RD$8,000 millones y RD$9,000 millones a través de un fideicomiso, recursos que, en su opinión, los empresarios trasladarán finalmente al precio de los bienes y servicios que adquieren los consumidores.
En otro orden, el diputado del PRM, Ignacio Aracena, defendió la aprobación de las modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos, asegurando que esta iniciativa proporcionará mayores recursos a los ayuntamientos para enfrentar el problema de la acumulación de basura y optimizar la recolección de desechos, una situación que, afirmó, incide negativamente en la salud pública y el medio ambiente. “Los gobiernos municipales requieren de ciertos recursos para garantizar una recolección de basura eficaz”, expresó Aracena, quien sostuvo que el proyecto fue producto de un consenso durante varios años y que, aunque no es una ley perfecta, podrá seguir perfeccionándose a través del diálogo.
