El Ministerio Público ha solicitado la desestimación de una petición para devolver un teléfono móvil que figura como evidencia crucial en el proceso judicial por corrupción administrativa que se sigue contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros. El dispositivo, valorado en aproximadamente RD$3,000, es considerado una prueba fundamental por la fiscalía, que argumenta su importancia para el caso. La jueza Patricia Padilla ha pospuesto su decisión hasta el 23 de julio.
La fiscalía ha pedido que se declare improcedente una solicitud con la que uno de los imputados busca recuperar un aparato celular, el cual fue presentado por los fiscales como parte de las pruebas en el proceso judicial por corrupción administrativa que se lleva a cabo contra Hugo Beras, Jochi Gómez y asociados. Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien fue remitido a juicio el 5 de junio, junto a Hugo Beras, exdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el empresario Jochi Gómez, formuló esta petición ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, quien representó al Ministerio Público durante la audiencia, abordó el tema al responder a preguntas de los periodistas sobre la solicitud del acusado referente a la restitución de un teléfono móvil Samsung S3, cuyo valor de mercado ronda los RD$3,000. “Él está solicitando la devolución de un dispositivo que forma parte de la acusación presentada por el Ministerio Público, y si no se le restituye, pide que se condene al Estado a pagar siete millones de pesos por la no devolución de dicho equipo”, explicó.
El representante de la fiscalía aclaró que el aparato es parte de las pruebas obtenidas de las extracciones realizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), enfatizando que constituye una evidencia significativa en el procedimiento. La jueza Patricia Padilla se reservó el veredicto para el próximo 23 de julio.
El proceso judicial sostiene que Hugo Beras facilitó asignaciones fraudulentas a compañías sin la capacidad técnica requerida y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia, según se establece en la acusación. Por su parte, José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de acuerdos ilícitos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, y responsable del control de sistemas de semáforos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
El expediente indica que Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás están siendo procesados por blanqueo de capitales, uso de testaferros y sabotaje de la red semafórica, delitos relacionados con la manipulación de licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas vinculadas al esquema de corrupción, así como por facilitar el control técnico de la red semafórica y la falsificación de certificaciones. En cuanto a las entidades jurídicas, la acusación establece que fueron utilizadas para contratos fraudulentos y el control de la red semafórica, entre otros actos ilícitos.
A solicitud del Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el 5 de junio, acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación ilícita y estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, robo de identidad, así como de cometer crímenes y delitos de alta tecnología y uso de documentos privados. También, se les imputaron cargos por contrabando y violación a la Ley de Armas.
